¿Por qué la Administración descuida la innovación y la mejora educativa?

Vaya por delante que no voy a a referirme exclusivamente a esta o aquella Administración Educativa, sino a todas ellas de manera indiferenciada. No se trata de culpabilizar a unas u otras, sino de dejar constancia de una serie de actuaciones que, en su conjunto, impiden un buen desarrollo de las propuestas innovadoras en los centros. Sin embargo, debo señalar también que el marco autonómico que conozco es el andaluz y es a él al que me puedo referir con mayor conocimiento de causa.

Comencemos con la normativa, piedra angular de las intervenciones de la Administración. La actual ley educativa (LOMCE) es, en este sentido que nos ocupa, bastante contradictoria. Por un lado, mantiene la idea de que el desarrollo de las competencias clave es fundamental para la formación de ciudadanos críticos y responsables; por otro, unos currículos que no terminan de aligerarse de contenidos son la mayor dificultad para una formación que persiga la adquisición de dichas competencias. Lo mismo ocurre cuando se hace una apuesta metodológica por el ABP y otras metodologías activas a la vez que se mantiene la división tradicional en materias y asignaturas que dificulta paradójicamente la transdisciplinariedad necesaria para realizar proyectos de trabajo. Otra contradicción es que los detalladísimos estándares de aprendizaje evaluables y las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, acaso sin proponérselo, condicionan en la práctica toda la labor educativa durante los cursos implicados.

Causa perplejidad el hecho de que se sigan autorizando libros de texto cuya propuesta metodológica sigue, en muchos casos, anclada en el pasado, tanto científica como pedagógicamente. A veces, con pequeñas modificaciones, hasta se nos vuelve a vender un libro con quince o veinte años a sus espaldas. La discusión sobre la conveniencia de usar o no los libros de texto, en papel o digitales, sigue muy presente en los centros educativos. Pero eso no es todo: la decisión de algunas administraciones regionales de subvencionar estos libros de texto hace un flaco favor a los proyectos innovadores. En la práctica, la gratuidad de los libros de texto supone el espaldarazo oficial a la metodología tradicional y dificulta la labor de quienes prescinden de ellos para aportar otro tipo de materiales.

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Este gasto (una opción de la Administración en tiempos de recortes) no sería tan hiriente si no se relacionara con el retraso inexplicable (incluso retroceso) que está sufriendo la extensión del empleo de las nuevas tecnologías en la educación. Tras la apuesta del plan Escuela TIC 2.0 (ya finiquitado sin haber sido evaluado convenientemente), no ha habido un planteamiento integral de este aspecto. Los centros que supieron sacar partido de los miniportátiles que se repartieron se encuentran ahora obligados a retroceder varios años en lo que ya se había alcanzado, incluso abocados a prácticas pre-tecnológicas (el programa de gratuidad permite adquirir libros digitales, pero no los dispositivos para hacerlos funcionar). No ha habido un deseo de mantener en esta línea ni siquiera a los centros punteros en el uso de la tecnología con fines educativos. El recurso a la filosofía BYOD (Bring Your Own Device), aunque atractivo, presenta muchas carencias y choca con el temor al ciberbullying o la adicción a las nuevas tecnologías y al continuo debate sobre los móviles en los centros escolares. Sin embargo, desterrar las nuevas tecnologías de la escuela tiene como primera consecuencia que tampoco podremos educar sobre un uso responsable de las mismas.

Otro caso sangrante es el de los centros de nueva creación (muy pocos, por otro lado, en este tiempo de crisis). Para abrir estos centros la administración selecciona una Dirección que pueda garantizar la apuesta por los planes punteros de la respectiva Consejería de Educación: bilingüismo, inclusión, lectura y biblioteca, plan de calidad, etc. Se permite que el director o directora incorpore discrecionalmente en los primeros años a una parte del profesorado, que se encargará de poner en funcionamiento dichos planes. Pero este profesorado tiene un recorrido muy corto y es sustituido precipitadamente por personal procedente del concurso de traslados, en el que prima la antigüedad por encima de otras consideraciones. Así, por poner un ejemplo, los centros que apuestan por las TIC se pueden poblar de objetores tecnológicos, los programas en marcha y con un buen funcionamiento constatado se abandonan y se llega a destruir una buena parte del trabajo bien hecho. Además, si las necesidades de escolarización así lo recomiendan, el crecimiento exponencial del alumnado del centro (y, en consecuencia, del profesorado) se convierte en una bomba de relojería que hay que desactivar cada nuevo curso escolar para que no se lleve por delante lo conseguido con tanto esfuerzo.

Ya que mencionamos el concurso de traslados, también la colocación provisional de efectivos puede suponer un freno a la innovación educativa. La extensión este curso escolar de los criterios para la concesión de las comisiones de servicio (el conocido como “concursillo”) ha provocado un mayor volumen de desplazamientos entre centros educativos, de modo que aquellos más alejados de las capitales se han despoblado prácticamente de personal definitivo (quedando en suspenso muchas de las iniciativas puestas en marcha en años anteriores), mientras que los más cercanos a los núcleos de población se han nutrido de personal que, en muchas ocasiones, no desarrolla un sentimiento de vinculación al centro. La sensación de “estar de paso” en un puesto de trabajo no es la más adecuada para involucrarse en su continuidad y mejora, sino que se traduce más en una preocupación por la situación personal por encima del proyecto común. Con unas plantillas tan cambiantes en los centros difícilmente se pueden poner en marcha y adquirir continuidad proyectos de innovación y mejora educativa.

Sigamos con el profesorado. El sistema de acceso tampoco se preocupa prácticamente de seleccionar en función de perfiles innovadores de los y las aspirantes. Ni la formación de los tribunales, ni los programas de la fase de oposición, ni los criterios aplicables a las distintas pruebas garantizan que las personas seleccionadas, una vez en sus puestos de trabajo, vayan a resultar profesionales innovadores. La Administración parece más preocupada por la limpieza y objetividad del procedimiento (aspecto, por otro lado, loable) que por la calidad del profesorado que se selecciona. Tampoco durante la fase de prácticas se cuidan estos aspectos (más allá de lo meramente formal) ni, supongo, se tendrían en consideración en un hipotético MIR educativo.

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Los cursos de formación del profesorado (incluso la formación en centros) certifican una serie de horas sin comprobar que esa formación haya supuesto algún tipo de variación en la práctica docente. La misma formación inicial (el MAES) se ha cedido a las Universidades, quienes tienen potestad para decidir desde fuera de la escuela lo que esta necesita, programar los distintos módulos en abstracto y considerar el Prácticum como un “desagradable contratiempo” que hay que tolerar. En este sentido, la decisión de no remunerar a los tutores profesionales de la fase de prácticas (libremente aceptada por la Administración educativa, que no ha puesto reparos en ceder sus instalaciones y su personal a coste cero) supone una apuesta por apartar a los centros públicos de este proceso formativo y sustituirlos por los de titularidad privada. La prometida red de centros innovadores y profesionales de contrastada calidad, que debía liderar esta formación en los centros, aún no ha tenido tiempo de elaborarse

¡Ah, sí! ¡Se me olvidaba! También se apoya conscientemente la innovación educativa y los intentos de mejora de la calidad de los aprendizajes. Tanto el Ministerio de Educación como las distintas Consejerías convocan anualmente premios a la innovación educativa y difunden los proyectos ganadores. Y está la oferta de los Centros de Profesorado, muy adelgazada últimamente, y la formación on line . Y las actuaciones de la Inspección Educativa, que, según las características del centro, lo mismo expedienta al profesor o profesora que se atreve a innovar que hace mención a la especial calidad de este profesorado.

Tras todas estas actuaciones, ¿podemos considerar que la innovación educativa es una prioridad de la Administración? Yo diría que no. El esperado pacto por la Educación puede ser la última oportunidad de empezar a cambiar las cosas en este sentido.